domingo, 27 de julio de 2008

Nuevo Despropósito del Ministerio de Vivienda

La propuesta del Ministerio de Vivienda de comprar suelo a las inmobiliarias no tiene justificación

Ecologistas en Acción - 25 de julio de 2008

Ecologistas en Acción califica de injustificada la propuesta del Ministerio de Vivienda en relación a la compra de suelo a las inmobiliarias. El objetivo principal del Ministerio debería ser reducir el precio actual de la vivienda y garantizar la financiación crediticia del Programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008. El Gobierno, debería poner en marcha cuanto antes procedimientos que faciliten la reconversión de los trabajadores de la construcción. Comprar suelo a inmobiliarias no tiene relación con estos objetivos.

La propuesta del Ministerio de Vivienda de invertir 300 millones de euros, que podría incrementarse, a comprar suelo a inmobiliarias no tiene justificación. Cuando todavía se desconoce la cantidad de suelo público con que cuentan los municipios no parece lógico lanzarse a comprar suelo privado, sin fijar, ni siquiera el precio, dejando que se determine por la oferta que hagan los vendedores.

Las inmobiliarias ahora necesitan liquidez pero llevan años acaparando suelo y construyendo más viviendas de las que se necesitan. Los beneficios han sobrepasado la media de cualquier otra inversión. La destrucción del territorio vinculada al exagerado ritmo de construcción no tiene precedentes. Por otro lado, no cabe duda de que los excesos del sector inmobiliario son parte de la causa de la crisis económica. En estas circunstancias no existe justificación para comprar suelo, en lugar de centrar los esfuerzos en reducir el precio de la vivienda a niveles asequibles para la mayoría de los ciudadanos y asegurar la financiación del programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008, algo que no está claro.

En los últimos años se han construido muchas más viviendas de las necesarias, actualmente el número de viviendas acabadas y en promoción se calculan entre 800.000 y 1,2 millones que si se suman las de segunda mano suben a 1,6 - 2,7 millones. Esto supone una sobreoferta para cubrir las necesidades de cuatro años sin poner un ladrillo (al ritmo actual de unas 400.000 viviendas anuales). A esto habría que añadir las viviendas que se han comprado por inversión, alrededor del 40%, y que saldrán al mercado y las viviendas que finalicen en 2008 (iniciadas entre la segunda mitad de 2006 y la primera de 2007) que se calculan en otras 700.000.

A pesar de esta situación, el precio de la vivienda sigue siendo inaccesible para buena parte de la población y un problema para las familias que se han embarcado en una hipoteca que deberán estar pagando durante buena parte de su vida. Todo ello por la sobrevaloración de la vivienda (entre un 20% y un 30% según la OCDE y FMI), consecuencia de la burbuja inmobiliaria que ha permitido hacer fortunas millonarias en pocos años.

En este contexto ni el Gobierno, ni el Ministerio de Vivienda hablan de la necesidad y obligación de reducir el precio de la vivienda. A pesar del frenazo inmobiliario, los precios de la vivienda, en el Estado español, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Vivienda ha sido de un 3%. Una bajada muy escasa. Actualmente, hace falta los ingresos de siete años para acceder a una vivienda media. Para volver a la normalidad (cuatro años), los precios deberían caer un 42%.

Es ahí donde debería estar el reto del Ministerio, no en comprar suelo privado.

lunes, 14 de julio de 2008

MANIFIESTO contra la directiva de la vergüenza



El COLECTIVO DE APOYO AL INMIGRANTE y las Asociaciones que firman este manifiesto, denuncian la criminalización de la inmigración y el trato inhumano a los inmigrantes que supone la aprobación por parte del Parlamento Europeo el pasado 19 de Junio de la Directiva de Retorno de la Unión Europea. Es necesario que la sociedad española conozca que dicha Directiva, que contó desde el principio de su tramitación con la oposición de numerosas instituciones sociales, religiosas y humanitarias, supone, entre otras medidas:

• El alargamiento del internamiento de extranjeros en situación irregular hasta un máximo de 18 meses, sin culpa alguna, por decisión administrativa y sin intervención judicial, significa que estamos creando una categoría inferior de ser humano. Los centros de internamiento para llevar a cabo esta medida (CIES) no ofrecen las suficientes garantías de protección de los derechos humanos tal y como lo ha denunciado el propio Consejo de Europa.

• La creación de centros de detención para menores extranjeros no acompañados supone una vulneración flagrante de la Convención de los Derechos del Niño. En la Directiva sobre Retorno, los menores son tratados como extranjeros, no como niños.

• La prohibición de entrada por un máximo de 5 años que castiga doblemente al extranjero en situación irregular, al que, tras ser expulsado del territorio de la Unión, se le niega toda posibilidad de volver a entrar por cauces legales. Esta medida supone un obstáculo añadido para los solicitantes de asilo y refugio.

Creemos que detrás del hecho de equiparar a los inmigrantes con delincuentes por el hecho de estar en situación administrativa irregular (lo cual no es ningún delito) se esconde la voluntad de hacernos creer que son los culpables de la crisis económica, desviando a la atención pública de las verdaderas causas de dicha crisis que se hallan más en las políticas económicas y prácticas inflacionistas y especulativas de los grandes intereses comerciales, en lugar de reconocer que los déficits y la poca apuesta por las políticas sociales son los que crean precariedad.

Es totalmente necesario desvelar la gran realidad de la aportación necesaria y positiva que la inmigración está llevando a cabo a la economía española al tiempo que, con un mínimo de honradez, evitar la consideración exclusivamente mercantilista –solo por su interés económico- de lo que no es mera mano de obra, sino personas cuya dignidad defienden los Derechos Humanos que esta Directiva pone seriamente en peligro.

Por todo ello, además de informar a la sociedad albaceteña de la clara contradicción entre las proclamas de igualdad, justicia y desarrollo del Gobierno y esta directiva inhumana, exigimos el rechazo por parte de todos los movimientos sociales y que los diferentes Estados miembros de la Unión Europea no la trasladen a sus respectivas legislaciones. Junto a nuestra oposición a esta política anti-inmigrantes, llevaremos a cabo acciones tendentes a aumentar el conocimiento y la valoración de la realidad positiva de la inmigración.

COLECTIVO DE APOYO AL INMIGRANTE; JUSTICIA Y PAZ; CENTRO CULTURAL ISLÁMICO; FEDERACIÓN DE COMUNIDADES MUSULMANAS DE CASTILLA LA MANCHA; MPDL, MEDICUS MUNDI, ACCEM, ALBACETE ACOGE, HIJAS DE LA CARIDAD, DIAKITIYA LOLO, CÍRCULO SOCIAL HISPANO-PARAGUAYO.